ARGUMENTOS SOBRE LAS SENTENCIAS DEL TSJ REFERIDAS A LOS ACTOS INCONSTITUCIONALES DE LA ASAMBLEA NACIONAL, DE FECHAS 28 Y 29 DE MARZO DE 2017.

  • ARGUMENTOS CENTRALES.

    1. La Asamblea Nacional se auto-inhabilitó para ejercer sus funciones al desacatar las
    sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al cometer sistemáticamente
    ilícitos constitucionales y delitos penales. El país no cuenta con un parlamento que
    legisle porque la mayoría opositora así lo decidió.
    2. El Estado no puede detenerse porque un grupo pretenda dar golpes continuos a la
    Constitución. Por eso el TSJ, cumpliendo su función de resguardar el orden
    constitucional, ha establecido los lineamientos de corrección ante la persistente
    omisión legislativa (la AN dejó de hacer leyes), conforme lo establece claramente el
    artículo 336 de la Constitución, numeral 7.
    3. El TSJ está asumiendo que la ausencia de un parlamento en funciones atenta contra
    el orden constitucional, contra la paz y la estabilidad en un momento de graves
    amenazas internas y externas que requieren medidas jurídicas urgentes.
    4. Por eso, con fundamento en la Constitución y en el marco del Estado de Excepción,
    el TSJ debe garantizar el cumplimiento de las funciones parlamentarias mediante
    otros órganos, para hacer efectiva la protección del Estado y la Nación, en vista de
    que la oposición no ha rectificado el desacato y persiste en cometer graves ilícitos
    constitucionales.
    5. El TSJ lo que esta decidiendo es proteger al país de no tener un parlamento. Proteger
    al país de los continuos intentos de golpe que se pretenden dar desde la AN.
    Proteger al país de un poder inconstitucional que solicita una intervención extranjera
    ante potencias hostiles. Proteger al país del plan de la derecha nacional e
    internacional de poner en saque al pueblo y a las instituciones de la República.
    6. El TSJ es el último intérprete de la Constitución. La situación presentada, aunque
    históricamente inédita, tiene su solución en los principios constitucionales que
    conforman el Estado Democrático y Social, de Derecho y de Justicia, cuya
    interpretación corresponde siempre en este y en cualquier país, a los tribunales
    constitucionales.
    7. Las decisiones del TSJ garantizan del funcionamiento del Estado, en vista de que las
    actuaciones inconstitucionales de la AN hacen peligrar el funcionamiento del mismo y
    por ende las garantías ciudadanas que este protege en su actuación. El TSJ es el
    garante último de los derechos ciudadanos, por lo cual está obligado a preservar en
    toda circunstancia la primacía de dichos derechos.
    8. La denuncia que hace la derecha de un supuesto “golpe” o “autogolpe” en Venezuela,
    es parte de la misma estrategia de legitimación de una intervención extranjera en
    nuestra Patria.
    9. Golpe de Estado es lo que la derecha intenta cometer continuamente cuando
    desacata las decisiones del TSJ, cuando promueve la intervención extranjera, cuando
    pretende activar mecanismos inconstitucionales para derrocar al gobierno legítimo y
    democráticamente electo por el pueblo, cuando pretende destituir a las autoridades
    de los demás poderes públicos sin fundamento jurídico alguno, cuando planifica y
    ejecuta actos terroristas, cuando forma parte de las acciones de desestabilización y
    guerra económica que impactan negativamente sobre la vida del pueblo y la
    estabilidad nacional.
    10. En Venezuela vivimos una democracia vigorosa, sólida, permanente. Nuestro
    pueblo toma decisiones locales, regionales y nacionales todos los días a través de
    los diversos mecanismos que prevé la democracia protagónica. Atravesamos por
    dificultades económicas desarrolladas por enemigos del pueblo y nuestro gobierno
    está plenamente entregado a superarlas junto al pueblo. Los derechos humanos son
    el centro del quehacer de las instituciones del Estado venezolano. Al fortalecimiento,
    profundización y universalización de estos derechos se destinan grandes esfuerzos y
    recursos, mediante programas y políticas de inclusión, protección y desarrollo social y
    económico.
    11. Venezuela no le debe nada a ningún poder imperial. El pueblo y su gobierno
    revolucionario no le debe nada a ninguna derecha entreguista. Más bien, la derecha y
    el imperio tienen una deuda impagable con los pueblos porque de sus continuos
    ataques nos deben siglos de dignidad, desarrollo y soberanía.
    12. Venezuela es irrevocablemente libre, independiente y soberana. Sus
    instituciones republicanas funcionan al servicio del pueblo. Este patrimonio de todas y
    todos los venezolanos, estamos llamados a protegerlo y expandirlo porque es el bien
    más sagrado que hemos conquistado en dos siglos de vida como República. Ningún
    poder imperial, ningún chantaje de los poderes hegemónicos de siempre nos
    arrebatará a nuestra Patria. El pueblo siempre vencerá.
    La Sala Constitucional para tomar ambas decisiones se fundamentó en el expediente de desacato en
    el cual ha incurrido la Asamblea Nacional, la cual de manera reiterada ha incurrido en el
    desconocimiento de las decisiones judiciales emanadas del Tribunal Supremo de Justicia,
    asumiendo una conducta contumaz y de rebeldía que ha viciado de nulidad todas sus actuaciones,
    circunstancia que ha puesto al Parlamento en una situación al margen del Estado de Derecho que le
    impide cumplir con sus funciones, lo cual ha generado que la misma se encuentre en un estado de
    Omisión Inconstitucional Parlamentaria.
    RESUMEN DE LA SENTENCIA 155 DE LA SALA CONSTITUCIONAL DE FECHA 28/03/2017.
    La fracción de la derecha en la Asamblea Nacional, aprobó un acuerdo a través del cual pidió la
    reactivación del mecanismo para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en contra de
    su propio país, sin importar las consecuencias que eso conllevaría.
    La Sala Constitucional, a través de la referida sentencia declaró la nulidad acuerdo aprobado por la
    Asamblea Nacional. En primer lugar por encontrarse el Parlamento en desacato a las decisiones de
    la Sala Electoral y Constitucional del TSJ, así como por tener una junta directiva ilegítima, elegida
    estando el parlamento en una situación de inconstitucionalidad.
    Además, argumentó la Sala, que la actitud que ha asumido Asamblea Nacional constituye una
    manifiesta agresión al pueblo, su comportamiento desconoce gravemente los valores superiores del
    ordenamiento jurídico, como son la paz, la independencia, la soberanía y la integridad territorial.
    El llamamiento realizado por los diputados de la MUD en la Asamblea Nacional a que organismos
    internacionales y otros países intervengan en los asuntos internos y apliquen sanciones en contra de
    nuestro país constituyen actos de Traición a la Patria, delitos tipificados en el Código Penal
    Venezolano y así lo reconoció la Sala en su decisión.
    En virtud de los graves ataques al Estado de Derecho y la Constitución, la Sala ordenó también
    iniciar un proceso de control constitucional en el cual se verifiquen los ilícitos constitucionales
    cometidos por la Asamblea Nacional y se establezcan los correctivos necesarios en resguardo de la
    paz, la democracia, la soberanía y la independencia.
    Adicionalmente, en virtud de la omisión legislativa en la cual ha caído la Asamblea Nacional, al no
    poder desarrollar normalmente sus actividades por estar en desacato, la Sala Constitucional dictó
    una serie de medidas cautelares, indispensables para que en el marco del Estado de Excepción, el
    Presidente tenga poderes especiales que le permitan afrontar los ataques que sufre la nación por
    parte de agentes nacionales y extranjeros.
    Estas medidas cautelares consisten en lo siguiente:
    1. Ordenó al Presidente ejercer las medidas internacionales que estime pertinentes y necesarias
    para salvaguardar el orden constitucional y de esta forma pueda tomar las decisiones
    necesarias para salvaguardar la integridad de la República frente a los organismos
    internacionales y potencias extranjeras que pretendan vulnerarla.
    2. Facultó al Presidente para que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y con el fin de
    garantizar la gobernabilidad del país, tome las medidas civiles, económicas, militares,
    penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias
    para evitar un estado de conmoción.
    Entre las cuales puede está revisar excepcionalmente la legislación vigente incluyendo leyes
    de carácter penal, que permita conjurar los graves riesgos que amenazan la estabilidad
    democrática, la convivencia pacífica y los derechos de las venezolanas y los venezolanos.
    Todo esto en el marco del Estado de Excepción vigente y de la situación de omisión
    legislativa en la cual se encuentra el Parlamento.
    La Sala Constitucional, en ejercicio del control constitucional que le otorga la carta magna,
    puede corregir estas situaciones excepcionales a través de mecanismos excepcionales, ya
    que es ella la máxima y última interprete del texto constitucional.
    3. Finalmente, decidió la Sala que la inmunidad parlamentaria sólo ampara a los diputados
    estrictamente mientras éstos se encuentren ejerciendo sus funciones constitucionales,
    conforme a lo previsto en el artículo 200 del Texto Fundamental. Los actos desplegados por
    los diputados fuera del ejercicio de sus competencias constitucionales no están protegidos por
    la inmunidad de la forma prevista en la Constitución.
    La actual situación de desacato en la cual se encuentra la Asamblea Nacional impide que los
    diputados cumplan con sus funciones constitucionales, por lo cual, las acciones que
    desempeñen no están cubiertas por el fuero parlamentario, hasta tanto no se corrija la
    situación de inconstitucionalidad en la cual ha caído de manera voluntaria, y mucho menos los
    protege frente a la comisión de ilícitos constitucionales y delitos penales flagrantes.
  • RESUMEN DE LA SENTENCIA N° 156 DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL

    SUPREMO DE JUSTICIA, DE FECHA 29/03/2017

    La presente decisión se produjo en virtud de un recurso de interpretación sobre el contenido y
    alcance del artículo 187, numeral 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en
    concordancia con el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, interpuesto por la
    representación jurídica de la Corporación Venezolana del Petróleo, en cual se solicitó a la Sala
    Constitucional definiera el marco jurídico aplicable a la constitución de empresas mixtas, ya que la
    normativa vigente exige la aprobación de la Asamblea Nacional y la misma se encuentra en una
    situación de omisión legislativa por el desacato a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia.
  • Articulado objeto de interpretación:

    Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
    “Artículo 187. Corresponde a la Asamblea Nacional:
    24.- Todo lo demás que le señalen esta Constitución y la ley.”
    Ley Orgánica de Hidrocarburos prevé lo siguiente:
    “Artículo 33. La constitución de empresas mixtas y las condiciones que regirán la realización
    de las actividades primarias, requerirán la aprobación previa de la Asamblea Nacional, a cuyo
    efecto el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y Petróleo, deberá
    informarla de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones, incluidas
    las ventajas especiales previstas a favor de la República. La Asamblea Nacional podrá
    modificar las condiciones propuestas o establecer las que considere convenientes. Cualquier
    modificación posterior de dichas condiciones deberá también ser aprobada por la Asamblea
    Nacional, previo informe favorable del Ministerio de Energía y Petróleo y de la Comisión
    Permanente de Energía y Petróleo. Las empresas mixtas se regirán por la presente Ley y, en
    cada caso particular, por los términos y condiciones establecidos en el Acuerdo que conforme
    a la ley dicte la Asamblea Nacional, basado en el informe que emita la Comisión Permanente
    de Energía y Petróleo, mediante el cual apruebe la creación de la respectiva empresa mixta
    en casos especiales y cuando así convenga al interés nacional. Supletoriamente se aplicarán
    las normas del Código de Comercio y las demás leyes que le fueran aplicables”.
    La Sala Constitucional para decidir la presente interpretación se fundamentó en el expediente de
    desacato en el cual ha incurrido la Asamblea Nacional, la cual de manera reiterada ha incurrido en el
    desconocimiento de las decisiones judiciales emanadas del Tribunal Supremo de Justicia,
    asumiendo una conducta contumaz y de rebeldía que ha viciado de nulidad todas sus actuaciones,
    circunstancia que ha puesto al Parlamento en una situación al margen del Estado de Derecho que le
    impide cumplir con sus funciones, lo cual ha generado que la misma se encuentre en un estado de
    Omisión Inconstitucional Parlamentaria.
    En virtud de lo anterior, la Sala Constitucional decidió lo siguiente:
    1.- Sobre la base de la omisión inconstitucional declarada, declaró que no existe impedimento para
    que el Ejecutivo Nacional constituya empresas mixtas en el espíritu que establece el artículo 33 de la
    Ley Orgánica de Hidrocarburos, debiendo informarle a la Sala Constitucional de todas las
    circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones. Así como también cualquier
    modificación posterior de las condiciones deberá ser informada a la Sala.
    2.- La Sala decide que la Asamblea Nacional, actuando de facto, no podrá modificar las condiciones
    propuestas ni pretender el establecimiento de otras condiciones.
    3.- Sobre la base del Estado de Excepción, el Presidente de la República podrá reformar la norma
    objeto de interpretación, en correspondencia con la jurisprudencia del Máximo Tribunal.
    4.- Decidió que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la
    Asamblea Nacional, la Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean
    ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de
    Derecho.
    Sobre este último aparte, planteó la Sala Constitucional, que será ésta o el órgano que ésta faculte,
    quien ejerza las competencias parlamentarias mientras persista la Omisión Constitucional por parte
    de la Asamblea Nacional.
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpeg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 12.jpg
  • 13.jpg
  • 14.jpg
  • 15.jpg
  • 16.jpg
  • 17.jpg
  • 18.jpg
  • 19.jpg
  • 20.jpg
Caracas / Venezuela

Login Form

Šafaříkova 201/17 120 00 Praha 2 Teléfono+420 226254100 Fax: +420 257534253